En 2016, Tendencias En Acción (TEA) tuvo un formato distinto en el que invitamos a los directores de logística, marketing, tecnología y ventas de tu empresa a cuatro conferencias en la Semana de la Innovación.

En conjunto con la revista Líderes Méxicanos, GS1 México reunió a los líderes del sector en TEA 2016 para escuchar a Doug Stephens, el profeta del retail, quien dio herramientas a los asistentes que sus empresas hagan frente a las tendencias de consumo de los próximos años.

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Por primera vez en la historia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), se llevó a cabo la Primera Destrucción de Mercancía Asegurada por el Instituto. Esta actividad es el resultado de una serie de programas y medidas implementadas en las aduanas del país y en el territorio nacional con el objetivo de proteger los derechos de autor y de propiedad intelectual de las empresas que invierten y generan desarrollo económico en México.

Derivado del trabajo conjunto entre el IMPI y la American Chamber of Commerce of Mexico (AMCHAM), a través de su Comité de Derechos de Propiedad Intelectual; se destruyeron productos como discos DVD y DVD-R, reproductores de los mismos, Tadalafil, rastrillos, pilas, calzado, accesorios, papelería, lentes, bolsas, carteras, entre otros.

En el marco del evento, Miguel Ángel Margáin, Director General del IMPI, celebró la estrecha colaboración entre los sectores público y privado, señalando que “para el Instituto es prioridad continuar con los programas y acciones en materia de observancia de los derechos de propiedad intelectual, para fortalecer las medidas implementadas en las aduanas del país; ya que son la puerta de entrada de los diversos productos susceptibles de ingresar al mercado”.

Hizo hincapié en la valiosa coordinación intergubernamental, nacional e internacional, para la realización de operativos y acciones, así como para el intercambio de información que contribuyen a combatir los fenómenos de la piratería y la falsificación.

Durante la presente administración (2013-2016), el IMPI ha llevado a cabo la aplicación de 117 imposiciones de medidas provisionales en frontera, en los que se retuvieron aproximadamente 15 millones de productos, con un valor aproximado de 33 millones de pesos. En éste mismo periodo, se aplicaron 41 imposiciones de medidas provisionales en frontera, con mercancía que se encontraba en transbordo hacia países como Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Colombia y República Dominicana, entre otros; reteniéndose un total de 959 mil 701 productos, con un valor aproximado de $1,305,083 de pesos.

Por su parte, Ana López Mestre, Vicepresidenta y Directora Ejecutiva la AMCHAM, destacó que “La destrucción, que incluye más de cuatro millones de productos piratas, es un gran logro. Esto ha sido posible gracias al apoyo de nuestros socios y de las autoridades”.

Desde 2007, la AMCHAM, ha llevado a cabo acciones conjuntas con autoridades, como es el denominado “Entrenamiento de Aduanas”, mediante el cual se han capacitado, del 2013-2016, un total de 1,135 funcionarios de diversas aduanas, así como personal del IMPI; con la finalidad de consolidar mejoras en el sistema de protección de derechos de propiedad intelectual.

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Ante el escenario y la nueva coyuntura internacional, dados los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el Consejo Coordinador Empresarial y los organismos que lo conforman expresan la necesidad de trabajar conjuntamente, gobierno y sector empresarial, en una profunda e intensa agenda interna de apoyo al crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo.

México debe continuar trabajando en su propia agenda de fortalecimiento del mercado interno para aumentar el consumo, y de impulso a sus variables competitivas, con la política de apertura y alianzas comerciales con el resto del mundo.

Será indispensable seguir construyendo un clima que impulse el crecimiento de las empresas y definición de mecanismos para mantener la planta productiva y la generación de empleo, para beneficio de todas las familias mexicanas.

Asimismo, continuar con la agenda de implementación acelerada de las reformas estructurales, y un nuevo impulso para el fortalecimiento de las instituciones y el Estado de Derecho, así como la certidumbre jurídica, claves para un desarrollo económico sustentable e incluyente.

México cuenta con solidez macroeconómica y variables fundamentales sanas, que le permitirán, con una renovada atención al frente interno, sobrellevar los periodos de volatilidad o incertidumbre que pudieran surgir en los próximos días.

Paralelamente, será imprescindible redoblar los esfuerzos de trabajo en conjunto para encarar la nueva etapa de la relación bilateral que se inaugurará, con el objetivo de seguir profundizando en el diálogo, la cooperación, la competitividad e integración de la región, principios que han convertido a América del Norte en el área más competitiva del mundo.

La agenda bilateral – basada en fuertes vínculos geográficos, culturales, sociales y económicos binacionales- continuará. La integración que hemos construido a lo largo de nuestra historia, que ha traído beneficios y desarrollo para ambos países, asegura que permaneceremos unidos. A principios de diciembre se llevará a cabo en la Ciudad de México la 7ª sesión del US- Mexico CEO Dialogue, un espacio de debate y reflexión entre empresarios mexicanos y estadounidenses, que genera recomendaciones de política pública para fortalecer el comercio bilateral y la competitividad regional. Allí, los empresarios de ambos países compartiremos propuestas conjuntas para esta nueva etapa de la relación.

El sector empresarial está convencido de que México debe seguir adelante en el fortalecimiento de su modelo de economía de mercado con responsabilidad social y apertura al mundo, que ha resultado exitosa para su desarrollo y el de sus ciudadanos.

Somos parte activa de esta estrecha relación con Estados Unidos. El talento, la capacidad y el trabajo duro de los mexicanos en ambos lados de la frontera es y seguirá siendo una de nuestras fortalezas como país y como parte de una región económica y culturalmente integrada. Hoy, nos corresponde seguir fortaleciendo esa relación con responsabilidad y visión.

Los empresarios refrendamos nuestro compromiso con México y los mexicanos, y cumpliremos con nuestra responsabilidad de generar condiciones para el desarrollo de las personas, a través de la inversión, el desarrollo de oportunidades de negocios responsable, la participación en los proyectos productivos conjuntos y la generación de empleo. Es un momento para la unidad y la esperanza, para la fortaleza y determinación, y haremos nuestra parte. México puede contar con sus empresarios.

 

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Este año la ASCHOCO está de celebración ya que cumple su 80 aniversario. Fue hace ocho décadas (en 1936) cuando 11 empresas chocolateras mexicanas decidieron unir esfuerzos y aliarse, formando así, una asociación civil bajo el nombre de Asociación de Fabricantes de Chocolates, Dulces y Similares. Pero hasta el 22 de agosto de 1960, bajo la presidencia de Manuel Serrano Palazuelos, se modificaron los estatutos de la asociación, agregando la palabra “nacional” en su denominación, para quedar como hoy la conocemos Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolates Dulces y Similares, A.C.

Desde sus inicios, la ASCHOCO ha estado comprometida en brindar un servicio de calidad que apoye y oriente el desarrollo competitivo y sostenible de la industria de la confitería y chocolate, mediante acciones que fortalezcan el posicionamiento del sector frente a diferentes tomadores de decisiones en el ámbito privada, social y gubernamental.

Asimismo, ha sido una asociación líder, reconocida y eficiente, integrada por un equipo de trabajo multidisciplinario capaz de emprender proyectos exitosos que beneficien a todos los jugadores relacionados con la cadena productiva. Sus asociados están representados por las principales compañías del sector confitero y chocolatero a nivel nacional e internacional cumpliendo con las exigencias del mercado mundial.

 

Convención Anual de la ASCHOCO – “Diálogo intersectorial: Rescate del cacao y el chocolate mexicano” 

Aunque el cacao es considerado un producto emblemático de México, la situación actual es muy desfavorable ya que por diversas circunstancias como aumento de precios, impuestos (IEPS), incremento al azúcar, problemas por plagas, falta de apoyo al campo, entre otros, se ha perdido la supremacía en el mercado y ahora se debe de importar el producto. Hubo años en los que México produjo hasta 50 mil toneladas de cacao al año y ahora apenas alcanza los entre 25 mil y hasta 28 mil toneladas.

Es por ello que se llevará a cabo el “Diálogo intersectorial: Rescate del Cacao y el Chocolate mexicano” en el marco de la Convención Anual de la Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolates, Dulces y Similares A.C. en Tapachula, Chiapas. Dicho evento contará con la participación de autoridades y legisladores federales y estatales, destacando la presencia del Licenciado José Ramón Fernández, Presidente de la ASCHOCO, los Diputados Enrique Zamora Morlet (PVEM-Chiapas) y Leonardo Rafael Guirao Aguilar (PVEM-Chiapas), Presidentes de las Comisiones de Asuntos Sur-Surestes y de la Comisión Especial de la Industria del Cacao, respectivamente. Asimismo, se contará con la presencia de representantes de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, autoridades del Gobierno del Estado de Chiapas, del Municipio de Tapachula, entre otros miembros destacados del ámbito público, privado y social.

El objeto del evento es conversar sobre la importancia del cacao y el chocolate como valor cultural e histórico, así como su importancia para el desarrollo del campo mexicano y cómo generar acciones de mutua colaboración con el fin de rescatar un patrimonio de la nación, denominado por nuestro antepasados como “El Alimento de los Dioses”.

 

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El presidente de Coparmex-CDMX, Jesús Padilla Zenteno, alertó sobre el grave riesgo que implica para la ciudad no contar con una planeación de largo plazo para resolver los problemas de desabasto y baja calidad del agua.

Padilla Zenteno consideró que la Ciudad se encuentra en un parteaguas, un “terremoto ambiental” y de no definir una ruta de largo plazo con soluciones de fondo, el tema del agua se convertirá en un problema grave como ocurrió con el tema de la movilidad.

“Llevamos 30 años discutiendo el tema de la movilidad hasta que nos alcanzó y hoy es un problema que se traduce en menor competitividad, menor calidad de vida, enormes costos para la capital; con el tema del agua ocurrirá igual o peor si no cambiamos la forma en que se administra el agua de la Ciudad, si no hacemos un modelo de planeación de largo plazo y se le empieza a dar su propio valor” afirmó el presidente del organismo empresarial local.

Lamentó que el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017 planteé un recorte de 679 millones de pesos al presupuesto destinado a agua y drenaje de la capital.
El líder empresarial recordó que la competitividad está fuertemente ligada a los servicios de agua, que deben ser suficientes, regulares y de calidad, para convertirse en un factor capaz de atraer nuevas inversiones.

A nombre del sector empresarial instó a los legisladores locales a defender y buscar mayor presupuesto para garantizar los proyectos de renovación y mejora en la distribución de agua, tras subrayar la urgencia de construir un proyecto de largo plazo que garantice el abasto del líquido para las siguientes décadas.

“Sabemos que más de la mitad del agua de la ciudad se pierde en fugas y cuando llueve nos sobra agua, entonces tenemos que hacer una inversión de fondo a nivel subsuelo”, expresó Padilla Zenteno, tras recordar que uno de los grandes problemas que enfrenta la inversión en alcantarillado, drenaje e infraestructura hídrica son las elevadas inversiones y la falta de visibilidad.

Jesús Padilla insistió en que al no ser proyectos de infraestructura notorios para la ciudad no generan ganancia electoral, sin embargo son inversiones indispensables para que la metrópoli funcione de forma correcta y logre trascender el esquema de ciudad emergente.

El presidente de Coparmex-CDMX consideró necesario trazar una nueva visión de tratamiento para los problemas de la ciudad, a fin de garantizar el abasto de líquido para la población fija y para la población flotante, que estudia y trabaja en la capital de la República.

Así pues, consideró indispensable que se otorgue al agua el valor que tiene y los consumidores paguen el verdadero costo, reduciendo el tema de subsidios para darles su justo valor y eso implica una nueva política de intervención.

Jesús Padilla insistió en que una nueva forma de administración del agua abrirá espacio para que quienes tengan capacidad de invertir puedan darle sustentabilidad al abasto de agua, sin que ello implique mayores costos para la población menos favorecida.
En este sentido, recordó que actualmente en la Ciudad de México los sectores más vulnerables son quienes asumen los mayores costos por el mal servicio de agua, el desabasto y la baja calidad, pues en colonias de las periferias, el abasto suele hacerse a través de pipas de agua y garrafones a causa de la mala distribución del vital líquido.

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Postura de la Coparmex respecto a la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que avala la no deducibilidad plena de las prestaciones laborales. 

En México, el alto costo de mantener el empleo formal es una de las principales causas que obstaculizan la creación y el crecimiento de las empresas; incluso es un factor que muchas veces las orillas a la informalidad.

El reto como país es lograr que las empresas formales crezcan y se multipliquen, para que sean opciones de trabajo y de desarrollo. Además, que quienes consideran crear algún negocio, no opten nunca por la informalidad.

De acuerdo con cifras del INEGI, al cierre del segundo trimestre de este año en México hay 51.4 millones de personas ocupadas. Sin embargo, y de acuerdo con los datos del CONEVAL, casi la mitad de ellos nunca ha cotizado en una institución de seguridad social.

Por otra parte, y tomando datos de agosto de 2016, solamente cerca de 18.4 millones de personas tienen un empleo formal registrado ante el IMSS, con prestaciones debidamente acreditadas.

Los empresarios queremos crear empresas productivas, innovadoras, competitivas, que permitan generar más empleos de calidad y mejorar el nivel de vida de los trabajadores y de sus familias.

Es necesario romper el círculo vicioso en el que se encuentran millones de empresas informales, que emplean a pocos trabajadores con baja capacitación, que se desempeñan en actividades poco productivas y de bajo valor agregado.

Sin embargo el debate actual, marcado por las dificultades de la economía global y el lento crecimiento, es que resulta cada vez es más difícil preservar las prestaciones de los trabajadores en la formalidad.

Por ello, los empresarios de Coparmex queremos abordar el tema de la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que avala la no deducibilidad plena de las prestaciones laborales para asegurarnos que en este debate prevalezca el beneficio de los trabajadores y al empleo.

Proponemos centrar la discusión en la importancia que el sistema fiscal promueva las prestaciones, por ser éstas un vehículo idóneo de bienestar social. Por lo tanto, debe de regresar la deducibilidad plena de las prestaciones en la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Para lograrlo emprenderemos en la Coparmex las siguientes acciones:

1). Solicitaremos que sea el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien estudie la constitucionalidad de los artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta que están vigentes a partir del 1 de enero de 2014, que limitan la deducción de los pagos realizados a los trabajadores, por concepto de prestaciones que constituyen ingresos exentos para ellos.

Es necesario que la Segunda Sala de la Suprema Corte difiera la resolución de los juicios de amparo en esta materia, para que sean todos los ministros y no solamente cinco de ellos los que resuelvan este importante tema. Creemos que este asunto de la deducibilidad de las prestaciones debe ser resuelto con la profundidad que demanda el interés de los trabajadores.

2). Iniciaremos un diálogo con los representantes del Poder Legislativo, para que en el análisis y la discusión de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se apruebe la deducibilidad plena de las prestaciones de ley que otorgan las empresas a sus trabajadores.

3). Promoveremos que los líderes de los sindicatos de trabajadores se sumen a esta petición y se privilegien por tanto las prestaciones de sus representados, ciertamente muchas empresas dejarán de ofrecer nuevas prestaciones o limitaran las mismas en las nuevas contrataciones sino logramos su plena deducibilidad.

A pesar de que las modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta que limita la deducibilidad entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2014, han significado para los empleadores formales del país un aumento en el costo de la nómina que oscila entre el 5 y el 8 por ciento, los empresarios no hemos dejado de otorgar estas prestaciones.

No es posible que en México existan trabajadores y funcionarios del sector público que gozan de la exención de facto en el pago del Impuesto Sobre la Renta, así como de seguros médicos privados y otras prestaciones como planes benévolos de retiro, mientras que se aplican restricciones fiscales que afectan la calidad de vida de millones de trabajadores en las empresas formales que sostienen la recaudación.

El afán de recaudar 20 mil millones de pesos al año que se obtienen por el fisco al limitar las prestaciones de 2014 y que ahora estaría convalidando la Suprema Corte no puede ser más importante que la grave amenaza a la vigencia y la continuidad de las prestaciones de millones de trabajadores, entre ellas las prestaciones como el aguinaldo, las horas extras, las primas vacacionales y dominicales, o las aportaciones adicionales para el incremento de los fondos de pensiones y de jubilaciones. Dicho de otra manera si el gobierno necesita más ingresos comencemos por recortar los privilegios que tienen algunos trabajadores del estado y sus organismos, así como muchos altos funcionarios públicos, particularmente los que tienen mayores ingresos.

En México no podemos tener trabajadores de primera ni de segunda, lo decimos con plena convicción toda prestación legítima que otorgan las empresas generan bienestar y las leyes deben incentivarlas, si la prestación es real debe de ser deducible para las empresas, es inmoral y falta a los valores republicanos básicos crear a través de la Ley castas privilegiadas hoy en el Gobierno.

Más y mejores empleos con prestaciones, que provean más empresas productivas y formales, son sin duda la mejor vía para construir un México más justo y próspero para todos.

Gracias.

 

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Gustavo de Hoyos Walther, Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que la deducción parcial de las prestaciones laborales, avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pone en riesgo la viabilidad de estos beneficios para los trabajadores, por el alto impacto económico que ha significado para los empleadores del país.

“Los empresarios de Coparmex estamos en desacuerdo con esta resolución de los ministros, que avala que no sean deducibles el 47% o 53% de dichas prestaciones. Somos respetuosos de las instituciones y el Estado de Derecho y acataremos la resolución, sin embargo manifestamos nuestro desacuerdo con la misma”, señaló de Hoyos Walther.

Detalló que en esta circunstancia los más afectados son los propios trabajadores, dado que disminuye la posibilidad de otorgar prestaciones adicionales a las previstas en ley, “pues se obliga a disminuirlas o no ofrecerlas a nuevos trabajadores, para compensar los efectos económicos que conlleva el actual tope a la deducibilidad”.

De Hoyos Walther precisó que las modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigentes a partir del 1 de enero de 2014, han significado para los empleadores que soportan el trabajo formal del país, un aumento en el costo de la nómina que oscila entre el 5 y el 8 por ciento.

El representante patronal hizo un llamado urgente a los legisladores para que en el marco de la discusión de la Ley de Ingresos 2017 en el actual período de sesiones, se aprueben cambios en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que reconozcan la deducibilidad plena de prestaciones.

“No es posible que en estos momentos difíciles para nuestra economía, se preserven prestaciones de altos funcionarios del sector público e incluso de legisladores, jueces y ministros, con planes benévolos de retiro y seguros, mientras se aplica la restricción fiscal para que los trabajadores reciban prestaciones”, detalló.

“Vamos a buscar a los representantes de los trabajadores para que juntos logremos que todo mexicano que tiene un empleo formal reciba prestaciones legítimas y deducibles en beneficio de todos, los trabajadores y empresas, que son los que sostienen el empleo formal de este país”, finalizó.

 

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En México, los costos derivados por el delito de corrupción son hasta cinco veces mayores que los del promedio mundial, debido a la falta de transparencia en los organismos públicos, dijo Luis Almagro Lemes, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Al participar en el Foro Empresarial Anticorrupción, el especialista recordó que mientras que a nivel internacional los costos por corrupción ascienden al 2% del Producto Interno Bruto (PIB), en el territorio mexicano alcanzan hasta 10%, según datos del Banco Mundial dados a conocer en 2015.

Para Almagro, uno de los mayores retos que tiene México actualmente, es el de impulsar mayores políticas anticorrupción, concretar la regulación que controle este delito, además de impulsar la transparencia en el que hacer de los organismos públicos, como las entidades gubernamentales.

“Es grave que en México los costos por corrupción sean cinco veces mayores a los de otros países, pues las cifras indican que son de hasta 10% del PIB”, dijo.

En este sentido, consideró como un paso hacia adelante el hecho de que las autoridades y legisladores hayan diseñado el Sistema Nacional Anticorrupción, pues reducirá las incidencias a este delito y motivará a que haya una mayor certeza jurídica para impulsar las inversiones extranjeras.

El año pasado, el Banco Mundial estimó que la corrupción le cuesta cada año a México hasta 10% del PIB, lo que equivale a más de 100 mil millones de dólares al año, además de que según el Índice de Percepción sobre Corrupción, que realiza Transparencia Internacional, el país ocupa el lugar 105 de un ranking total de 176 países. Este ranking mundial coloca a México en un nivel similar al de países como Filipinas, Albania y Mali, en cuanto a corrupción se refiere.

En tanto que hay otras estimaciones más elevadas respecto al costo de la corrupción en México, pues de acuerdo con datos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CESSP), que dirige Luis Foncerrada, el costo llega a ser del 20% del PIB anual.

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Desde hace más de 90 días, un grupo minoritario está trastocando la vida cotidiana de millones de mexicanos y -peor aún- jugando con el bien más preciado de México: el futuro de sus niños.

El próximo 22 de agosto debe haber clases en todo el país. Nadie debe arrebatarles a los niños su derecho a la educación, pues es la única herramienta que les dará oportunidades en la vida.

Por eso hoy, los organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial hacemos un llamado a las familias mexicanas para que todos los padres y madres acompañen a sus hijos a la escuela, el próximo lunes, para iniciar juntos el ciclo escolar 2016-2017.

Invitamos también a los directores y a los maestros de las escuelas a que refrenden su compromiso con su vocación, desde el salón de clases, y hagamos valer el derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes. A todos los buenos maestros, que son la mayoría, nuestro respeto y admiración.

Demostremos que el derecho a la educación debe estar por encima de los intereses de grupos. Y que somos más – padres, maestros, ciudadanos-, los que pensamos que nada justifica alejar a los niños de un mejor futuro.

Desde los organismos empresariales invitamos a todas las empresas del país, y particularmente a aquellas de los estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, a alentar a sus colaboradores para que se involucren activamente en la educación de sus hijos, y les den facilidades laborales para que puedan acompañarlos al inicio de las clases.

Confiamos en que las autoridades locales, estatales y federales sabrán hacer su trabajo en un marco de respeto irrestricto al Estado de Derecho.

Este 22 de agosto, seamos los padres los que llenemos las escuelas junto con nuestros hijos. Devolvamos la normalidad a las escuelas, la paz a nuestras calles y la concordia a la convivencia entre los mexicanos.

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El combate a la corrupción y la cultura de la denuncia deben ser parte esencial de la nueva cultura empresarial, aseguró Jesús Padilla Zenteno al tomar posesión como Presidente de Coparmex-CDMX, acto donde se comprometió a convertir al centro empresarial en una institución capaz de defender la libertad y promover la competitividad de la ciudad.

Padilla Zenteno auguró que Coparmex se convertirá en el respaldo del empresariado capitalino y para ello, mantendrá un diálogo sincero y eficaz con la autoridad, con el objetivo común de elevar la competitividad de la capital y elevar sus posibilidades de atraer y retener inversiones.

En línea con la ruta planteada desde Coparmex Nacional por Gustavo de Hoyos, respecto al combate a la corrupción y la defensa de los legítimos intereses del empresariado, Jesús Padilla dijo que desde Coparmex-CDMX están dispuestos a volcar toda su capacidad para sumarse a los grandes esfuerzos nacionales.

“Debemos transformarnos en beneficio de la ciudad para obtener los mejores resultados. Promover una cultura empresarial con rostro humano, incluyente, plural”, refrendó Padilla y reconoció que existen muchos retos pendientes para lograr que la Ciudad de México se convierta en un entorno competitivo y con alto impacto social.

En sentido similar, Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex, destacó el gran reto del país de lograr un desarrollo sostenible, inclusivo, que aterrice en las personas y ayude a subsanar el alto número de pobres que hay en México, comenzando por repensar la política salarial y los sistemas de pensiones y salud, que siguen como temas pendientes para millones de mexicanos.